Un criterio judicial reconoce que el patrón puede presumir abandono de empleo cuando el trabajador acumula más de tres días consecutivos de ausencia injustificada, lo que abre la puerta a dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para la empresa.
De acuerdo con este criterio, aplicable en materia laboral federal, la figura del abandono no requiere que el trabajador declare expresamente su intención de no regresar. Basta con que las faltas injustificadas superen ese umbral para que el patrón pueda presumir, de manera razonable y documentada, que el vínculo laboral quedó disuelto por voluntad del propio trabajador. Esto cobra especial relevancia ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, hoy, ante los Centros de Conciliación que operan bajo la reforma procesal laboral de 2019.
En la práctica, sin embargo, el criterio no es automático ni libera al patrón de toda carga probatoria. Para que la presunción de abandono sea válida ante una demanda laboral, la empresa debe acreditar que notificó al trabajador —ya sea por escrito o mediante acta notarial— y que conserva los registros de asistencia que evidencien las faltas. El artículo 47, fracción X de la Ley Federal del Trabajo (LFT) ya contempla las faltas injustificadas como causal de rescisión sin responsabilidad patronal; este criterio refuerza su aplicación cuando el trabajador simplemente desaparece.
Advertencia clave: El patrón que no documente las ausencias ni notifique al trabajador corre el riesgo de que la rescisión se declare injustificada, generando obligación de pago de indemnización constitucional (3 meses + 20 días por año) conforme al artículo 48 de la LFT.
La recomendación práctica es clara: ante tres o más días de ausencia sin justificación, levante de inmediato un acta administrativa, intente la notificación por escrito con acuse de recibo y conserve el control de asistencia. Actuar con evidencia sólida desde el primer día de falta es lo que distingue un expediente defendible de un conflicto costoso.
Revise si sus políticas internas y expedientes de personal están alineados con los criterios judiciales vigentes antes de que se presente un conflicto.
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