A dos años de su entrada en vigor, la NOM-037-STPS-2023 sigue presentando niveles bajos de cumplimiento en las pequeñas y medianas empresas: según estimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), menos del 40 % de los patrones con teletrabajadores cuenta con una política documentada que cumpla con todos los requisitos de la norma.
Las obligaciones que con mayor frecuencia permanecen pendientes en las PyMEs son tres: la entrega del listado de equipos, ergonomía y útiles necesarios para el trabajo a distancia (artículo 330-D de la Ley Federal del Trabajo); la capacitación en materia de seguridad y salud en el entorno del teletrabajo; y la elaboración del registro de los trabajadores que operan bajo esta modalidad en el IMSS, distinguiéndola de la modalidad presencial. La NOM-037 exige que el patrón garantice que el espacio de trabajo domiciliario cumple condiciones de iluminación, ventilación y mobiliario adecuados, algo que pocas empresas verifican formalmente.
El incumplimiento expone a la empresa a multas que van de 50 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por violaciones a normas de seguridad e higiene, conforme al artículo 994, fracción V de la LFT, además de contingencias en caso de un accidente de trabajo ocurrido en el domicilio del trabajador, donde la carga probatoria recaerá sobre el patrón si no existe evidencia documental de las verificaciones realizadas.
Punto crítico: La NOM-037 establece que el patrón debe contar con un acuerdo escrito firmado por ambas partes que especifique las condiciones del teletrabajo, incluyendo mecanismos de desconexión digital. Operar sin este documento deja a la empresa sin respaldo ante una inspección de la STPS o una demanda laboral.
Para avanzar en el cumplimiento, se recomienda comenzar por dos acciones concretas: formalizar el acuerdo de teletrabajo con cada colaborador que opere bajo esta modalidad y elaborar una lista de verificación de las condiciones del espacio de trabajo que el trabajador complete y firme. Estos dos documentos, junto con la política interna de desconexión digital, cubren los puntos de mayor riesgo ante una inspección ordinaria de la STPS.
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