A partir del 1 de enero de 2026, la jornada laboral máxima en México comenzará a reducirse de forma gradual hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030, conforme al decreto de reforma al artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo publicado en el DOF. Toda empresa con trabajadores bajo relación laboral formal deberá ajustar turnos, nómina y contratos en cada etapa del calendario.
El esquema de reducción progresiva establece los siguientes umbrales: 48 horas semanales hasta el 31 de diciembre de 2025; 46 horas de 2026 a 2027; 44 horas de 2028 a 2029; y 40 horas a partir del 1 de enero de 2030. Cada corte implica que las horas que excedan el nuevo límite deberán pagarse como tiempo extraordinario conforme al artículo 67 LFT, es decir, con un recargo del 100 % sobre el salario ordinario por las primeras nueve horas semanales, y del 200 % a partir de la décima.
Para el patrón, el impacto más inmediato es financiero y operativo: reducir la jornada sin contratar personal adicional puede generar horas extras sistemáticas que incrementen el costo de nómina entre un 8 % y un 15 % según el sector, de acuerdo con estimaciones del IMSS y del CCCE. Además, los contratos colectivos e individuales vigentes deberán revisarse antes de cada etapa para reflejar el nuevo máximo legal; de lo contrario, la STPS podría fincar responsabilidades durante una inspección ordinaria.
Advertencia clave: Si su empresa opera con turnos de 8 horas diarias en 6 días (48 h/semana), ya en 2026 estará generando 2 horas semanales de tiempo extra por trabajador. Con una plantilla de 30 personas, eso representa más de 240 horas extras mensuales con costo adicional. Audite su estructura de turnos antes del 31 de diciembre de 2025.
La recomendación práctica es iniciar ahora un diagnóstico de distribución de jornada por área, identificar qué puestos absorberán el ajuste con reorganización interna y cuáles requerirán contratación. Documente los cambios mediante convenios modificatorios firmados ante la STPS o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente para blindar a la empresa ante cualquier controversia futura.
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